23.03.2010

Google: censura o pago de peajes

Google China

Google controla casi dos tercios de los resultados de las búsquedas que se efectúan en la red a nivel mundial. No es de extrañar que los gobiernos de muchos Estados quieran controlar los resultados que se muestran. La chispa ha saltado con las relaciones de amor-odio entre Google y la República Popular China. Pero no tenemos que ir tan lejos para encontrar censura en el buscador. Podríamos, simplemente, mirar a nuestros vecinos alemanes o franceses.

Normas hay en todos los países. Y por supuesto, en todos los países hay conductas prohibidas e incluso penadas. ¿Debe ésto trasladarse a un buscador de internet? Yo entiendo que no. El respeto a la neutralidad de la red debe conllevar la aceptación de las reglas del juego con todas sus consecuencias. Un Estado no debería (moralmente hablando) gritar al viento que respeta la neutralidad de la red y luego pedir a las empresas responsables de los indexadores de contenido que la quiebren ellas alterando los resultados de búsqueda mediante filtros previos y eliminación de contenidos bajo cualquier excusa. Y ello, a mi entender, por dos razones. En primer lugar, porque están interfiriendo en la actividad comercial de una empresa. Y en segundo lugar, porque establecer esa censura previa en una indexación de contenidos impide al propio estado perseguir conductas que no se ajustan a la legalidad vigente en sus fronteras, lo cual significa lanzar piedras sobre tu propio tejado.

Los Estados, mal que pese a algunos, ya poseen herramientas jurídicas que les permiten perseguir a los autores de contenido que pueda suponer ilícitos penales. Se trata de las políticas de retencion de datos, tema del que hablábamos hace unos días. De modo que, en mi opinión, la política de censura previa ejercida sobre mercantiles interfiriendo en sus actividades comerciales es no sólo cuestionable jurídicamente, sino improductiva a todas luces.

Un Estado sensato debería permitir que Google (o Bing, o quien sea) indexe todo tipo de contenidos exigiendo sólo que los guarde y retenga para que puedan ser analizados en la persecución de ilícitos por sus órganos judiciales, ya que en realidad está haciendo un favor a su propia administración de justicia y policía, facilitando la labor de la persecución de tales ilícitos que se puedan estar cometiendo en sus jurisdicciones, y de los cuales esta retención supone una prueba fehaciente. Y lo mantengo, aunque ciertos defensores acérrimos de las libertades desmedidas me crucificarán por decir ésto. Pero mi argumento es simple: no todos los derechos tienen la misma importancia, y por lo tanto hay derechos que deben ceder para permitir la salvaguarda de otros.

Las injerencias estatales en la actividad privada tienden a ser perjudiciales en el ámbito económico. La cuestión que se plantea aquí es que esa injerencia sobrepasa cualquier cuestión mercantil para imbricarse con cuestiones meramente políticas e incluso de corte moral o religioso. Y se fuerza a una empresa privada ajena a todas estas discusiones doctrinales, morales o políticas, a adoptar una u otra posición que nada tiene que ver con sus fines y negocios, pero que le acaba afectando incómodamente.

Por lo tanto, ¿quienes somos nosotros para criticar o alabar las decisiones de una empresa, que para poder llevar a cabo sus actividades en diferentes paises acaba viéndose forzada a establecer mecanismos de censura a la medida de cada Estado? Porque no se trata de adecuar tu producto a las exigencias comerciales de cada país, como podría pasar, por ejemplo, en el envasado de una lata de conserva, en que los requisitos para poder comercializar están definidos y marcados por una norma cierta y pública. No. Se trata de que el gobierno de turno, con el signo político de turno, obliga según su ideología, a que esa mercantil ejerza su actividad sometiéndose a las directrices censoras que aquél le imponga. ¿Quieres acceder a mi mercado? Entonces págame el peaje.