Elena Salgado, imagen del Ministerio de Política Territorial

El ingenio se agudiza no sólo cuando eres ratón, sino también cuando eres gato. En seguida me entenderéis.

El Gobierno está viendo como poco a poco las resoluciones judiciales están impidiendo la persecución de las webs que ofrecen enlaces de descarga de copias privadas. Ante la presión de determinados lobbys que ven como su negocio se agota, y no son capaces de adaptarse a las nuevas situaciones, se han colado en el Anteproyecto de ley de Economía Sostenible (DiarioCritico.com) dos modificaciones, una del artículo 158 de la LPI, y otra de los artículos 8 y 11 de la LSSICE, tendentes a cortar el acceso a internet para aquellos webmasters que mantengan webs de intercambio de enlaces.

A pesar de no ser los más perjudicados, los músicos han vuelto a dar, una vez más, la nota reivindicativa en el asunto de la mal llamada piratería. El modelo de negocio de la música en este país está caduco. Y no sólo por determinados servicios online que ponen a disposición gratuita y legalmente la reproducción de música recién publicada, sino porque muchos artistas noveles están finiquitando los intermediarios.

Cada vez es más frecuente que los músicos jóvenes y no tanto permitan la descarga de su música directamente en internet y reciban sus ingresos directamente de la venta de entradas de los conciertos. Hace unos días leía que en un concierto, el artista gana sobre un 80% de los beneficios -deducidos los gastos-. Sin dar una credibilidad absoluta a esta cifra, creo que es más que significativa. Y el músico está centrándose en dar conciertos, no en vender discos. Porque su beneficio está ahí, y no en la venta. El beneficio de la venta se lo embolsan intermediarios, sociedades gestoras y  similares. De modo que, ¿por qué no sobrepasarlos? ¿Qué hay de malo en difundir mi música por internet sin cobrar, si luego voy a vender más entradas de mis conciertos? Puede que el beneficio merezca la pena…

Pero claro, ver que a una industria le tiemblan los cimientos no debe sentar muy bien a quienes están anclados en un pasado “analógico” del que obtenían pingües beneficios.

Así que presionan al Ejecutivo para que persiga a las cabezas visibles de lo que ellos consideran su enemigo íntimo: la piratería. Y cuando ven que no pueden vencerles en los tribunales porque la ley no les da la razón, ¿qué opción queda? ¡Claro! ¡Forzar un cambio de legislación!

El País reflexiona acerca de las verdaderas pretensiones de estos cambios normativos.

Con esta modificación legislativa se prepara el terreno para un amplio conjunto de medidas que serán presentadas a mediados de este mes para el control de las descargas de archivos, y que no incluirán en ningún caso la desconexión de los internautas particulares, centrándose en la persecución de las web de enlaces.

Y se mete el dedo en la llaga. Pero bien, atacando a los nacionales que quedarían sometidos a estas normas, puede que consigan reducir mínimamente su problema, pero no atajarlo. Porque quedan fuera del alcance de la norma todos aquellos hispanohablantes de otras nacionalidades que gestionan webs de enlaces sometidos a otras jurisdicciones, y a los que es difícil acceder, pero que vuelcan el mismo contenido que pueden estar volcando en estos precisos momentos los españoles responsables de las webs perseguidas.

Forzando al Gobierno a la toma de estas medidas absolutamente impopulares los grupos de presión buscan hacer de un parche todo un gran remiendo. Y no deja de ser eso, un parche. Que volverá a saltar por otro lado.

Luego está el asunto de los ISPs y los operadores de banda ancha. Porque sus ofertas comerciales están repletas de la coletilla “sin límite de descarga”. Y bien, si no hay límite de descarga, pero resulta que hay capados o incluso peor, no hay nada que descargar porque va a devenir perseguible, y deberán ceder los datos de sus clientes a autoridades administrativas y judiciales para que les sancionen con el corte del servicio por el que pagan ¿a qué círculo vicioso quieren hacer llegar al usuario?
¿Contratar un ADSL para descargar porque me lo vende así la compañía, si luego ésta tiene la obligación de dar los datos de mis accesos y tráfico para que otros me multen por algo que ellos me venden como lo más normal, no parece tremendamente ridículo?

Creo que se están juntando una serie de despropósitos tremendos… No le auguro un final pacífico a la situación.

Y se va a hablar casi más de ésto que del resto de medidas propuestas en el anteproyecto de ley, que en algunos casos son bastante buenas.

Fuente | El País
Análisis Jurídico | DiarioJurídico.com
Texto Normativo | Anteproyecto de ley de Economía Sostenible (DiarioCritico.com)