Raúl García es Consultor de Privacidad y Derecho de Nuevas Tecnologías, y asociado Junior de la Asociación Profesional Española de Privacidad. Es CEO de Privatics, socio fundador de W3Futura, y asesor de la firma jurídica LegalValencia Advocats i Assessors.
En este blog personal encontrará reflexiones sobre protección de datos personales, privacidad online, privacidad en redes sociales, adecuación a la LOPD, adecuación a la LSICE, y otras cuestiones sobre Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs).
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13.07.2010
Una APD para la Comunitat Valenciana
Aviso Legal, en Las Provincias
La Agencia Española de Protección de Datos no es la única Agencia de este tipo que existe en nuestro Estado de las Autonomías. Tampoco es formalmente una Administración Pública como podría serlo un Ayuntamiento.
La Agencia de Protección de Datos es un ente autónomo que tiene como misión velar por el cumplimiento de la normativa estatal en materia de Protección de Datos Personales. Con el paso del tiempo, la AEPD se ha acabado convirtiendo en una especie de organismo de control de infracciones y sancionador respecto del sector público en aquellas comunidades que no tienen su Agencia propia, y de todo el sector privado nacional. Esto supone una carga de trabajo descomunal que cada día crece más. Y la situación acabará por volverse insostenible. Tengamos en cuenta también que siendo ente autónomo no tienen asignación presupuestaria y se nutren de las sanciones que imponen, por lo que en algunas ocasiones se ha puesto en duda la imparcialidad de sus actuaciones.
Siguiendo el ejemplo de otras comunidades (Madrid, Cataluña, País Vasco), el ejecutivo valenciano, en mi opinión, no debería tardar demasiado tiempo en plantearse la creación de una Agencia Valenciana de Protección de Datos. Aunque de momento estas Agencias entran más bien en el ámbito de control de la aplicación de la LOPD y su reglamento de desarrollo a nivel de organismos y administraciones públicas, y de difusión de los derechos y deberes de ciudadanos y responsables de ficheros y tratamientos, sería un punto de partida estupendo para que el Estado recapacite acerca de la conveniencia de comenzar a descentralizar el control de la protección de la privacidad y delegarlo en entes autonómicos que transformen su gestión en algo más que un simple órgano sancionador.
El Govern debería dar un paso adelante y crear una Agencia de Proteccion de Datos para la Comunitat Valenciana. Pero puede que sólo nos acordemos de la famosa “cláusula Camps” y de la asunción de competencias cuando hablemos de temas más mediáticos.